viernes, 12 de enero de 2018

Aportes para pensar la realidad contemporánea de América Latina

El presente trabajo pretende estructurar un discurso que sume al análisis de las principales problemáticas históricas en la constitución contemporánea de América Latina, enmarcadas en el periodo comprendido entre 1970 y 2000 (aún que no limitantes a este, pues como se observará, muchos de estos fenómenos presentan antecedentes incluso decimonónicos).
Partiendo de la premisa de que la transición en América Latina hacia regímenes políticos con características civiles, democráticas, incluyentes y funcionales en el marco de las economías de libre mercado, exige el cumplimiento a cabalidad de dos condiciones fundamentales de viabilidad: Por un lado la reestructura de las relaciones sociales resultantes de la violencia de estado en las dictaduras militares y las guerras civiles de AL, y por el otro freno y retroceso a los procesos de desigualdad, fragmentación y anomía social consecuencias de la parcial implementación de políticas desarrollistas y/o neoliberales. Ambos aspectos presumiblemente causales de la desorganización participativa, la despolitización generalizada, y la adhesión a las pautas individualistas de las sociedades de mercado; que dan origen a las problemáticas contemporáneas respecto a las dificultades para una consolidación democrática útil, reducción de la ingobernabilidad política, de la protesta social, y de nuestra actual crisis de representación partidista.
En la región los primeros militarismos siglo XIX, son antecedentes directos de los procesos dictatoriales latinoamericanos, estos presentan características muy particulares pues en un inicio se rigen por criterios estamentales en los que su organización se basa en la desigualdad de condiciones, legitimada tradicionalmente por el origen social de sus soldados. varios caudillos locales toman el control de sus bases con intereses individuales para obtener el control político, aunque no siempre con claridad sobre un proyecto de nación, pero de dan cuenta de la conveniencia de instituir colegios militares para profesionalizar sus mandos (con particular influencia alemana), así como el servicio militar obligatorio que aprovece el bono demográfico que ofrece la modernidad, y es en este momento en que el mérito ejerce un efecto determinante sobre el origen social, resultando en oportunidades de movilidad con cierto grado de democratización para estos grupos y se va consolidando un estadio corporativo que posibilita la creación de un proceso de diferencia en que el Estado castrense se va autoconvenciendo de su superioridad por sobre el mundo civil. Estos militarismos desarrollan la propia concepción de fundadores nacionales y encarnan en sí mismos la identidad de las naciones mediante valores legitimantes, autoconcibiendose como auténtica reserva moral, pues “la militarización de los cargos superiores del aparato estatal se realizó al principio para moralizar la burocracia” (Kruijt, 2008, pág. 215)  aún que hay que reconocer la eficiencia práctica de estos grupos castrenses basados en la disciplina coercitiva y el uso racional de los recursos, características que conservarán durante todo el siglo XX. Particularmente en el mundo andino podemos hablar de una ruptura con estructuras oligárquicas con antecedentes coloniales. En 1964 con el Golpe de estado en Brasil se inicia el viraje a la derecha autoritaria en América Latina, que permitió apuntalar el esquema de libre mercado en la región.
Lo que conocemos como “Nuevos autoritarismos” que constituyen el proceso de maduración institucional del  mundo castrense, convencido que posee las capacidades para gobernar y administrar sus respectivos países de mejor manera que la incapacidad demostrada históricamente por la política civil. Estos regímenes ya contaban con proyectos de país por la vía autoritaria para la toma del control directo en pro de la creación de un nuevo orden como freno al desborde social revolucionario de los 60´s y la “peligrosa” autonomía popular, en un proyecto de despolitización y desorganización de lazos de solidaridad para crear un nuevo sujeto político más obediente, más leal a los valores patrios y por ende más productivo. En este contexto represivo no debemos olvidar a México, como lo recuerda Felipe Victoriano  “allí donde la intervención político-militar… cobró la vida de un número aún no precisado de estudiantes… inaugurando con ello un periodo de intervención radical de la sociedad que tuvo como característica central el uso del ejército y sus tácticas de guerra en contra de su propia población civil.” (Victoriano, 2010, pág. 179)
Estos proyectos ejercen un alto grado de violencia estatal y una marcada crisis de legitimidad ante el resto de las sociedades latinoamericanas por el vacío que dejan las elites en la administración social, pero el estadío profesional generado desde el siglo anterior, les permite mesurar sus capacidades de administración y operan de manera institucional con estructuras jerárquicas rígidas, tratando de proyectar al cuerpo social estos valores jerárquicos y lógicas castrenses para cuadrar al cuerpo civil con base en la utilización de alto grado de elementos coercitivos.
El nuevo tipo de Estado basado en el Autoritarismo se escuda bajo el concepto de “Seguridad Nacional” para contener movimientos revolucionarios y civiles, con la creación de órdenes estatales que logre gestionar de mejor manera los recursos para el funcionamiento del país, es decir un modelo de gestión administrativa, no basada en la política. “Un estado de época que encontró su originalidad en los golpes cívico-militares  que irrumpieron cronológica y sintomáticamente en la primera mitad de la década de 1970” (Victoriano, 2010, pág. 179). En este asunto de la instauración de los Militarismos de América Latina, es posible atender por sus particularidades tres grupos principales. Por un lado, aquellos basados en un desarrollismo e industrialización autoritaria, Brasil (1964), El Salvador (1979), Honduras (1963), Guatemala (1982). Otras que propusieron un cambio total de estructuras organizativas, tendientes a la sociedad de mercado neoliberal: Chile (1973), Uruguay (1973) y Argentina (1976). Y en tercer lugar, aquellos que promovieron un impulso de un proyecto nacional popular desarrollista con cierto grado de participación popular: Bolivia (1971), Ecuador (1976), Panamá (1968) y Perú (1968).
Estas Élites estatales, herederas directas de los discursos de la Guerra Fría, implementan diversos dispositivos de control para desgastar los principios rectores en los lazos de solidaridad y reciprocidad social en su esfuerzo por asociar a la conciencia colectiva de modo impositivo el capitalismo como único camino modernizador y mermar la voluntad de cambio de los civiles, tal es el caso de lo que se  denomina Genocidio social (Feierstein, 2007), en que la muerte, el dolor y el horror de la guerra sucia se impregna en la vida cotidiana de los latinoamericanos, un proceso de industrialización de la muerte, un proceso contra la voluntad social dirigido a desarticular toda postura política antagónica al Estado, en busca de la preservación del status quo de los militares y sus aliados. La estrategia contrainsurgente particularmente impulsada desde Estados Unidos de norte América “se basaba en la guerra sucia, librada por la amplia red paramilitar que Washington había organizado desde el principio de la década de los sesenta. Los operativos de los escuadrones de la muerte que cada mañana esparcían cadáveres con huellas de tortura en zanjas y plazas, constituían la principal actividad de los aparatos de seguridad nacional para impedir que la oposición se organizara.” (Siegel & Hackel, 1990, pág. 150)
Los nuevos totalitarismos que entre los años 60´s – 90´s muestran un proceso de irrupción de presencia política castrense en los gobiernos de América latina, que mediante la vía sistemática de represión, elimina actores no autorizados para cuestionar la actuación Estatal, mediante el militarismo gubernamental se implementa una ideología que busca extender la lógica militar en todos los aspectos de la vida social (formas de organización, lógica de mando y  valores nacionalistas), con una marcada superioridad respecto al mundo civil, “Se reconoce que este proyecto político no agota las expresiones de derecha del país –concebidas como aquellas que privilegian una serie de actitudes políticas orientadas al mantenimiento del status quo, un anhelo al poder para mantener el orden y las jerarquías establecidas” (Lungo Rodriguez, 2008, pág. 70)[1]. Podríamos decir que estos regímenes de alguna manera consiguieron sus objetivos al producir una ciudadanía poco proclive a la movilización, con un fuerte sentimiento de apatía estructural y nuevos sectores sociales que no encuentran ningún sentido a politizarse. Con el tiempo y poco a poco estos grupos castrenses fueron abandonando el ejercicio directo del poder, en algunos casos ante la evidencia de su incapacidad administrativa, en otros envueltos entre fuertes escándalos de corrupción y algunos incluso se vieron superados por el reclamo civil que exigía su vuelta a los cuarteles. Y este retorno a los cuarteles llega por fin, aunque a tiempos diferentes y con características muy particulares en diferentes partes del continente:

“En términos generales y típico-ideales, podemos distinguir tres tipos de democratizaciones políticas en América Latina en las últimas décadas": Uno se refiere a fenómenos de fundación democrática que provienen de las luchas contra dictaduras oligárquicas o tradicionales, a veces con carácter patrimonialista, y donde las transiciones democráticas suceden a momentos revolucionarios o de guerra civil. Esta situación correspondería sobre todo a casos centroamericanos.
Un segundo tipo de democratización es el que llamaremos propiamente transiciones. Se refiere al paso de regímenes autoritarios modernos, especialmente militares, a fórmulas democráticas en las que están ausentes los modelos revolucionarios, pero donde hay algún tipo de ruptura, que no es de corte insurreccional, entre ambos regímenes. Este es el tipo prevaleciente en todos aquellos países que tuvieron regímenes militares institucionales modernos del tipo <<nuevo autoritarismo>> o <<burocrático-autoritario>> o <<de seguridad nacional>> o <<reactivo-fundacional>>, para usar diversas denominaciones con las que se les ha definido. Ellos se dieron especialmente en el Cono Sur, pero para efectos analíticos podemos incluir aquí casos como el paraguayo o el boliviano.
Un tercer tipo de democratización política se refiere a aquellos casos en que, sin haber un momento formal de cambio de régimen o de inauguración democrática, hay un proceso de extensión o profundización democrática desde un régimen de democracia restringida o semiautoritario. Este proceso implica la transformación institucional, ya sea para incorporar a sectores excluido del juego democrático, ya para configurar un sistema efectivamente poliárquico y pluripartidario, ya para eliminar trabas al ejercicio de la voluntad popular, o para combinar todas estas dimensiones. El caso de México y quizá, de Colombia ilustran este tercer tipo” (Garretón, 1997, pág. 22)

Es importante recordar que los sistemas políticos representativos, en esencia se debieran conformar por el debate, la negociación e incluso la polarización ideológica, pero en general cuando la implementación de estos sistemas llega a América Latina lo hace en medio de una marcada falta de compromiso ciudadano, aunque de manera colectiva si se valora la transición de estos rígidos sistemas militares hacia estructuras civiles que garanticen sus intereses sin violencia, se instaura así la creencia de que el mero cambio institucional posibilitará el cambio social, naturalizando este modelo como el único viable para la mejora, en completo antagonismo con las ideologías revolucionarias y cualquier otro tipo de violencia política (que no provenga del Estado, claro está), aunque esta transición se ve manchada por tres aspectos negativos: falta de representación hacia todas la espera civil; falta de legitimidad; marcados acuerdos de clase; y negación u ocultamiento de los conflictos sociales. Dejando de lado los clásicos problemas distributivos para garantizar la gobernabilidad, aún en detrimento de la justicia social; no se convoca a los distintos grupos sociales para expresarse sobre el sistema de qué gobierno desean. En pocas palabras, se implementa la “Democracia desde arriba” se trata de mantener las cosas en orden cueste lo que cueste.  Aunque la propia crisis de legitimidad fuerza a los “gobiernos por decreto”, que centralizan el poder en muchos casos en una “gran” figura presidencial, ante la incapacidad de los congresos para conseguir consensos duraderos, hay un profundo recelo hacia los sectores populares, mientras que se va agravando la atomización civil.
Se presenta cierto tipo de Nacionalismo de una sola vía modernizadora como matriz ideológica que se va consolidando a lo largo de la historia contemporánea de los Estados latinoamericanos. La herencia del marco autoritario reprimió fuertemente la organización civil, particularmente en el sector productivo, las asociaciones sindicales fueron duramente golpeadas, pero aún así los trabajadores comprendieron que la lucha sindical les permitiría alcanzar reivindicaciones laborales que por décadas les habían sido negadas, comienza a germinar una ciudadanía combativa, con cierta conciencia de clase, activista en pro de los derechos sociales. Para mediados de los 80´s la oposición en muchos países - particularmente en el cono sur- va ganando escaños locales
Para la década de los 80´s, se implementan cambios estructurales con marcos laborales más flexibles, menos derechos sindicales, desregulación de la fuerza de trabajo; sindicalismo controlado desde las más altas esferas del poder (Kruijt, 2008),  lo que resulta en un aumento abismal de las desigualdades sociales que impacta incluso al final de la década de los 90´s, Década en que la región experimenta procesos paradójicos de democratización incompleta; alto grado de insatisfacción con la capacidad política de representación y viabilidad a las demandas ciudadanas; e ineficiencia gubernamental para resolver los problemas estratégicos
La erosión de los imaginarios colectivos que dan sentido a la convivencia social, diluye la representación de la sociedad acerca de nuestra propia identidad, generando sentimientos de inseguridad, impulsando la desafección como mecanismo de defensa individual. (Lechner, 2007) Modernización a la fuerza y criminalización de la oposición, son conceptos asociados por la opinión pública respecto a la participación de las elites políticas y militares en la construcción de proyectos nacionales fuertemente imbricados a intereses personales y de clase, lo que incrementa la percepción ciudadana sobre la corrupción de estos grupos y de alguna manera impulsa su adscripción, o al menos simpatía, respecto a grupos disidentes, llegando incluso a radicalizarse hasta la insurgencia social.
En contextos de paz, las tapaderas a los negocios que prosperan con la guerra desaparecen y se hace posible la investigación del origen de los recursos que se han destinado para pacificar a las poblaciones civiles, ya no es viable evadir fenómenos estratégicos como pobreza y desigualdad para que se mantengan subsumidos, en la paz deben ser enfrentados y establecer estrategias para solucionarlos, acá encontramos alguna de las varias razones de interés para mantener activa la figura del enemigo a la seguridad nacional (Keen, 2004). En algunos casos, los peores, se implementan campañas de propaganda pública para diluir la humanidad del enemigo, muchas veces digerida satisfactoriamente por las mayorías. “Encierro, fierro y destierro” la triple formula judicial y mediática que obligó a la ciudadanía opositora a desalojar la escena pública y retornar a sus lugares de origen o al exilio, en una medida de calculado autoritarismo absolutamente violatoria de derechos humanos. Peor aún, la desmovilización militar también deriva en violentización y criminalización social de los más débiles, la reducción del corpus militar y sus presupuestos observa la pérdida de espacios de subsistencia que habían encontrado algunos miembros de las clases desposeídas. Así estos recursos técnicos especializados en el ejercicio de la violencia durante décadas, recientemente desempleados; encuentran como alternativa su integración al crimen organizado y/o a grupos radicales.
Por otro lado los partidos de masas en la región que se constituyeron a partir de lazos corporativos vinculados a las organizaciones de clase, junto a redes clientelares con diversos sectores, dependieron en su momento de la renta petrolera y en otros casos de remesas migratorias. Estos vínculos corporativos y clientelares se vieron fuertemente trastocados por los cambios sociales de fin de siglo y la obligada austeridad que recurrentes crisis económicas que en la región se presentaron. En este contexto encuentran cabida figuras outsider como las de Hugo Chavez, con discursos de critica radical a las políticas de intervención del Imperio estadounidense, corrupción elitismo y monopolio del sistema político latinoamericano (Roberts, 2001), figuras que polarizarán la opinión pública tanto por su proceder sui géneris, como por lo incisivo de su discurso.
Para finalizar se expresan una serie de consideraciones respecto a los temas abordados y la situación actual de América Latina, en donde los cambios no sólo deben ser legales e institucionales, hace falta estudiar y comprender las prácticas del pasado, pues a lo largo del siglo XX se montaron un conjunto de matrices legales represivas que se fueron alimentando así mismas durante décadas, demostrando su efectividad de control, vigilancia y delación, en detrimento del fortalecimiento de los lazos de solidaridad social, indispensables para la consolidación democrática y el ejercicio de una cultura de paz.
Lo que América latina experimentó entre las décadas de 1960 y 1990 respecto a la represión política fue consecuencia directa de la política de “Guerra fría” alimentada por una espiral ideológica desde el Norte continental, en donde el “otro” (el que piensa o se ve diferente), ya no corresponde a una escala de valores humanos como tú o como yo. Sino que se desarrolla una mutación moral en la sociedad occidentalizada, tendiente hacia la  animalización del adversario, así de alguna manera quedan justificadas las peores atrocidades cometidas por los proyectos pacificadores, en contra de grupos minoritarios.
En los procesos de Democratización Latinoamericana, luego del fin formal de las dictaduras militares, lo que parece evidente es la pervivencia de herencias desiguales del pasado, tras las cuales sólo se pueden anticipar importantes obstáculos en el proceso, agravados en toda la región por fuertes casos de corrupción, con el subsecuente debilitamiento institucional. (Garretón, 1997)
La democratización no sólo es un acto electoral, pues debiera vincularse a las prácticas de resolución de conflictos, hasta el momento los sistemas políticos institucionalizados no han mostrado capacidad para entender y afrontar los problemas sociales, desigualdad y pobreza son realidades cotidianas para grandes grupos humanos en la región, que viven en lo que los especialistas denominan “pobreza extrema”, es decir, según la CEPAL 175 millones de personas no pueden solventar sus necesidades de subsistencia básica, mientras que la clase dominante permanece ajena al sentir y pensar de la ciudadanía en general. Así que si se desea salir de esta espiral de descomposición, se requiere de buena voluntad política para afrontar los problemas estructurales al tiempo que se encuentren alternativas para modernizar las relaciones sociales.
Mientras no se enfrenten las verdaderas causales de la desorganización participativa, la despolitización generalizada, la adhesión a las pautas individualistas de las sociedades de mercado, difícilmente podremos hablar de la consolidación de una democracia útil, el fin de la protesta social y la superación de la crisis de representación partidista en la que nos encontramos los latinoamericanos actualmente.

Bibliografía

Feierstein, D. (2007). El genocidio como práctica social: entre el nazismo y la experiencia argentina: hacia un análisis del aniquilamiento como reorganizador de las relaciones sociales. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Garretón, M. A. (1997). Revisando las transiciones democráticas en América latina. Nueva Sociedad(148), 20-29.

Keen, D. (2004). Desmovilizando a Guatemala. Análisis Político(51), 25-50.

Kruijt, D. (2008). La Revolución por decreto. El Perú durante el gobierno militar. Lima: IEP, Serie Democracia y Fuerzas Armadas.

Lechner, N. (2007). Los desafíos políticos del cambio cultural. En Obras escogidas, tomo II (págs. 46-65). Santiago: LOM.

Lungo Rodriguez, I. (2008). Hegemonía y proyecto de derecha en el salvador 1989-2004. . México: Tesis de maestría, Flacso.

Roberts, K. (2001). La descomposición del sistema de partidos en Venezuela vista desde un análisis comparativo. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 7(2), 183-200.

Siegel, D., & Hackel, J. (1990). El Salvador la nueva visita de la contrainsurgencia. En M. K. (coords.), Contrainsurgencia, proinsurgencia y antiterrorismo en los 80. México: CONACULTA-Grialbo.

Victoriano, F. (2010). Estado, golpes de estado y militarización en América Latina: una reflexión histórico política. Argumentos, 23(64), 175-193.





[1] Así lo expresa Irene Lungo al referenciar el trabajo de Eugenia Fediakova “Conservadores e innovadores: La derecha en la segunda mitad del siglo XX. En: Promesas de cambio. Izquierda y derecha en el Chile contemporáneo. Editado por Flacso, Chile. 2003