El presente trabajo pretende estructurar
un discurso que sume al análisis de las principales problemáticas históricas en
la constitución contemporánea de América Latina, enmarcadas en el periodo
comprendido entre 1970 y 2000 (aún que no limitantes a este, pues como se
observará, muchos de estos fenómenos presentan antecedentes incluso decimonónicos).
Partiendo de la premisa de que la transición en
América Latina hacia regímenes políticos con características civiles, democráticas,
incluyentes y funcionales en el marco de las economías de libre mercado, exige el cumplimiento a cabalidad de dos condiciones fundamentales de viabilidad: Por
un lado la reestructura de las relaciones sociales resultantes de la violencia
de estado en las dictaduras militares y las guerras civiles de AL, y por el
otro freno y retroceso a los procesos de desigualdad, fragmentación y
anomía social consecuencias de la parcial implementación de políticas
desarrollistas y/o neoliberales. Ambos aspectos presumiblemente causales de la
desorganización participativa, la despolitización generalizada, y la adhesión a
las pautas individualistas de las sociedades de mercado; que dan origen a las
problemáticas contemporáneas respecto a las dificultades para una consolidación
democrática útil, reducción de la ingobernabilidad política, de la protesta
social, y de nuestra actual crisis de representación partidista.
Lo que conocemos como “Nuevos autoritarismos”
que constituyen el proceso de maduración institucional del mundo castrense, convencido que posee
las capacidades para gobernar y administrar sus respectivos países de mejor manera
que la incapacidad demostrada históricamente por la política civil. Estos
regímenes ya contaban con proyectos de país por la vía autoritaria para la toma
del control directo en pro de la creación de un nuevo orden como freno al
desborde social revolucionario de los 60´s y la “peligrosa” autonomía popular,
en un proyecto de despolitización y desorganización de lazos de solidaridad
para crear un nuevo sujeto político más obediente, más leal a los valores
patrios y por ende más productivo. En este contexto represivo no debemos
olvidar a México, como lo recuerda Felipe Victoriano “allí donde la intervención político-militar…
cobró la vida de un número aún no precisado de estudiantes… inaugurando con
ello un periodo de intervención radical de la sociedad que tuvo como
característica central el uso del ejército y sus tácticas de guerra en contra
de su propia población civil.” (Victoriano, 2010, pág. 179)
Estos proyectos ejercen
un alto grado de violencia estatal y una marcada crisis de legitimidad ante el
resto de las sociedades latinoamericanas por el vacío que dejan las elites en
la administración social, pero el estadío profesional generado desde el siglo
anterior, les permite mesurar sus capacidades de administración y operan de
manera institucional con estructuras jerárquicas rígidas, tratando de proyectar
al cuerpo social estos valores jerárquicos y lógicas castrenses para cuadrar al
cuerpo civil con base en la utilización de alto grado de elementos coercitivos.
El nuevo tipo de Estado
basado en el Autoritarismo se escuda bajo el concepto de “Seguridad Nacional”
para contener movimientos revolucionarios y civiles, con la creación de órdenes
estatales que logre gestionar de mejor manera los recursos para el
funcionamiento del país, es decir un modelo de gestión administrativa, no
basada en la política. “Un estado de época que encontró su originalidad en los
golpes cívico-militares que irrumpieron
cronológica y sintomáticamente en la primera mitad de la década de 1970” (Victoriano,
2010, pág. 179) .
En este asunto de la instauración de los Militarismos de América Latina, es
posible atender por sus particularidades tres grupos principales. Por un lado,
aquellos basados en un desarrollismo e industrialización autoritaria, Brasil
(1964), El Salvador (1979), Honduras
(1963), Guatemala (1982). Otras que propusieron un cambio
total de estructuras organizativas, tendientes a la sociedad de mercado
neoliberal: Chile (1973), Uruguay (1973) y Argentina (1976). Y en tercer lugar,
aquellos que promovieron un impulso de un proyecto nacional popular
desarrollista con cierto grado de participación popular: Bolivia (1971),
Ecuador (1976), Panamá (1968) y Perú (1968).
Estas Élites estatales, herederas
directas de los discursos de la Guerra Fría, implementan diversos dispositivos
de control para desgastar los principios rectores en los lazos de solidaridad y
reciprocidad social en su esfuerzo por asociar a la conciencia colectiva de
modo impositivo el capitalismo como único camino modernizador y mermar la voluntad
de cambio de los civiles, tal es el caso de lo que se denomina Genocidio social (Feierstein, 2007) , en que la muerte, el dolor y el horror
de la guerra sucia se impregna en la vida cotidiana de los latinoamericanos, un
proceso de industrialización de la muerte, un proceso contra la voluntad social
dirigido a desarticular toda postura política antagónica al Estado, en busca de
la preservación del status quo de los
militares y sus aliados. La estrategia contrainsurgente particularmente
impulsada desde Estados Unidos de norte América “se basaba en la guerra sucia,
librada por la amplia red paramilitar que Washington había organizado desde el
principio de la década de los sesenta. Los operativos de los escuadrones de la
muerte que cada mañana esparcían cadáveres con huellas de tortura en zanjas y
plazas, constituían la principal actividad de los aparatos de seguridad
nacional para impedir que la oposición se organizara.” (Siegel &
Hackel, 1990, pág. 150)
Los nuevos totalitarismos
que entre los años 60´s – 90´s muestran un proceso de irrupción de presencia
política castrense en los gobiernos de América latina, que mediante la vía
sistemática de represión, elimina actores no autorizados para cuestionar la
actuación Estatal, mediante el militarismo gubernamental se implementa una
ideología que busca extender la lógica militar en todos los aspectos de la vida
social (formas de organización, lógica de mando y valores nacionalistas), con una marcada superioridad
respecto al mundo civil, “Se reconoce que este proyecto político no agota las
expresiones de derecha del país –concebidas como aquellas que privilegian una
serie de actitudes políticas orientadas al mantenimiento del status quo, un anhelo al poder para
mantener el orden y las jerarquías establecidas” (Lungo Rodriguez, 2008, pág. 70) [1]. Podríamos decir que estos
regímenes de alguna manera consiguieron sus objetivos al producir una
ciudadanía poco proclive a la movilización, con un fuerte sentimiento de apatía
estructural y nuevos sectores sociales que no encuentran ningún sentido a
politizarse. Con el tiempo y poco a poco estos grupos castrenses fueron
abandonando el ejercicio directo del poder, en algunos casos ante la evidencia
de su incapacidad administrativa, en otros envueltos entre fuertes escándalos
de corrupción y algunos incluso se vieron superados por el reclamo civil que
exigía su vuelta a los cuarteles. Y este retorno a los cuarteles llega por fin,
aunque a tiempos diferentes y con características muy particulares en
diferentes partes del continente:
“En términos
generales y típico-ideales, podemos distinguir tres tipos de democratizaciones
políticas en América Latina en las últimas décadas": Uno se refiere a
fenómenos de fundación democrática que provienen de las luchas contra
dictaduras oligárquicas o tradicionales, a veces con carácter patrimonialista,
y donde las transiciones democráticas suceden a momentos revolucionarios o de
guerra civil. Esta situación correspondería sobre todo a casos
centroamericanos.
Un segundo tipo de
democratización es el que llamaremos propiamente transiciones. Se refiere al
paso de regímenes autoritarios modernos, especialmente militares, a fórmulas
democráticas en las que están ausentes los modelos revolucionarios, pero donde
hay algún tipo de ruptura, que no es de corte insurreccional, entre ambos
regímenes. Este es el tipo prevaleciente en todos aquellos países que tuvieron
regímenes militares institucionales modernos del tipo <<nuevo
autoritarismo>> o <<burocrático-autoritario>> o <<de
seguridad nacional>> o <<reactivo-fundacional>>, para usar
diversas denominaciones con las que se les ha definido. Ellos se dieron
especialmente en el Cono Sur, pero para efectos analíticos podemos incluir aquí
casos como el paraguayo o el boliviano.
Un tercer tipo de
democratización política se refiere a aquellos casos en que, sin haber un
momento formal de cambio de régimen o de inauguración democrática, hay un
proceso de extensión o profundización democrática desde un régimen de
democracia restringida o semiautoritario. Este proceso implica la
transformación institucional, ya sea para incorporar a sectores excluido del
juego democrático, ya para configurar un sistema efectivamente poliárquico y
pluripartidario, ya para eliminar trabas al ejercicio de la voluntad popular, o
para combinar todas estas dimensiones. El caso de México y quizá, de Colombia
ilustran este tercer tipo” (Garretón, 1997, pág. 22)
Es importante recordar
que los sistemas políticos representativos, en esencia se debieran conformar
por el debate, la negociación e incluso la polarización ideológica, pero en
general cuando la implementación de estos sistemas llega a América Latina lo
hace en medio de una marcada falta de compromiso ciudadano, aunque de manera
colectiva si se valora la transición de estos rígidos sistemas militares hacia
estructuras civiles que garanticen sus intereses sin violencia, se instaura así
la creencia de que el mero cambio institucional posibilitará el cambio social,
naturalizando este modelo como el único viable para la mejora, en completo
antagonismo con las ideologías revolucionarias y cualquier otro tipo de violencia
política (que no provenga del Estado, claro está), aunque esta transición se ve
manchada por tres aspectos negativos: falta de representación hacia todas la
espera civil; falta de legitimidad; marcados acuerdos de clase; y negación u
ocultamiento de los conflictos sociales. Dejando de lado los clásicos problemas
distributivos para garantizar la gobernabilidad, aún en detrimento de la
justicia social; no se convoca a los distintos grupos sociales para expresarse
sobre el sistema de qué gobierno desean. En pocas palabras, se implementa la
“Democracia desde arriba” se trata de mantener las cosas en orden cueste lo que
cueste. Aunque la propia crisis de
legitimidad fuerza a los “gobiernos por decreto”, que centralizan el poder en
muchos casos en una “gran” figura presidencial, ante la incapacidad de los
congresos para conseguir consensos duraderos, hay un profundo recelo hacia los
sectores populares, mientras que se va agravando la atomización civil.
Se presenta cierto tipo
de Nacionalismo de una sola vía modernizadora como matriz ideológica que se va
consolidando a lo largo de la historia contemporánea de los Estados
latinoamericanos. La herencia del marco autoritario reprimió fuertemente la
organización civil, particularmente en el sector productivo, las asociaciones
sindicales fueron duramente golpeadas, pero aún así los trabajadores comprendieron
que la lucha sindical les permitiría alcanzar reivindicaciones laborales que
por décadas les habían sido negadas, comienza a germinar una ciudadanía
combativa, con cierta conciencia de clase, activista en pro de los derechos
sociales. Para mediados de los 80´s la oposición en muchos países -
particularmente en el cono sur- va ganando escaños locales
Para la década de los
80´s, se implementan cambios estructurales con marcos laborales más flexibles,
menos derechos sindicales, desregulación de la fuerza de trabajo; sindicalismo
controlado desde las más altas esferas del poder (Kruijt, 2008) , lo que resulta en un aumento abismal de las
desigualdades sociales que impacta incluso al final de la década de los 90´s,
Década en que la región experimenta procesos paradójicos de democratización
incompleta; alto grado de insatisfacción con la capacidad política de representación
y viabilidad a las demandas ciudadanas; e ineficiencia gubernamental para
resolver los problemas estratégicos
La erosión de los
imaginarios colectivos que dan sentido a la convivencia social, diluye la
representación de la sociedad acerca de nuestra propia identidad, generando
sentimientos de inseguridad, impulsando la desafección como mecanismo de
defensa individual. (Lechner, 2007) Modernización a la
fuerza y criminalización de la oposición, son conceptos asociados por la
opinión pública respecto a la participación de las elites políticas y militares
en la construcción de proyectos nacionales fuertemente imbricados a intereses
personales y de clase, lo que incrementa la percepción ciudadana sobre la
corrupción de estos grupos y de alguna manera impulsa su adscripción, o al
menos simpatía, respecto a grupos disidentes, llegando incluso a radicalizarse
hasta la insurgencia social.
En contextos de paz, las
tapaderas a los negocios que prosperan con la guerra desaparecen y se hace posible
la investigación del origen de los recursos que se han destinado para pacificar
a las poblaciones civiles, ya no es viable evadir fenómenos estratégicos como
pobreza y desigualdad para que se mantengan subsumidos, en la paz deben ser
enfrentados y establecer estrategias para solucionarlos, acá encontramos alguna
de las varias razones de interés para mantener activa la figura del enemigo a
la seguridad nacional (Keen, 2004) .
En algunos casos, los peores, se implementan campañas de propaganda pública
para diluir la humanidad del enemigo, muchas veces digerida satisfactoriamente
por las mayorías. “Encierro, fierro y destierro” la triple formula judicial y
mediática que obligó a la ciudadanía opositora a desalojar la escena pública y
retornar a sus lugares de origen o al exilio, en una medida de calculado
autoritarismo absolutamente violatoria de derechos humanos. Peor aún, la desmovilización
militar también deriva en violentización y criminalización social de los más
débiles, la reducción del corpus militar y sus presupuestos observa la pérdida
de espacios de subsistencia que habían encontrado algunos miembros de las
clases desposeídas. Así estos recursos técnicos especializados en el ejercicio
de la violencia durante décadas, recientemente desempleados; encuentran como
alternativa su integración al crimen organizado y/o a grupos radicales.
Por otro lado los
partidos de masas en la región que se constituyeron a partir de lazos
corporativos vinculados a las organizaciones de clase, junto a redes
clientelares con diversos sectores, dependieron en su momento de la renta
petrolera y en otros casos de remesas migratorias. Estos vínculos corporativos
y clientelares se vieron fuertemente trastocados por los cambios sociales de
fin de siglo y la obligada austeridad que recurrentes crisis económicas que en
la región se presentaron. En este contexto encuentran cabida figuras outsider como las de Hugo Chavez, con
discursos de critica radical a las políticas de intervención del Imperio
estadounidense, corrupción elitismo y monopolio del sistema político
latinoamericano (Roberts, 2001) , figuras que polarizarán la opinión
pública tanto por su proceder sui
géneris, como por lo incisivo de su discurso.
Para finalizar se
expresan una serie de consideraciones respecto a los temas abordados y la
situación actual de América Latina, en donde los cambios no sólo deben ser
legales e institucionales, hace falta estudiar y comprender las prácticas del
pasado, pues a lo largo del siglo XX se montaron un conjunto de matrices
legales represivas que se fueron alimentando así mismas durante décadas,
demostrando su efectividad de control, vigilancia y delación, en detrimento del
fortalecimiento de los lazos de solidaridad social, indispensables para la
consolidación democrática y el ejercicio de una cultura de paz.
Lo que América latina
experimentó entre las décadas de 1960 y 1990 respecto a la represión política fue
consecuencia directa de la política de “Guerra fría” alimentada por una espiral
ideológica desde el Norte continental, en donde el “otro” (el que piensa o se
ve diferente), ya no corresponde a una escala de valores humanos como tú o como
yo. Sino que se desarrolla una mutación moral en la sociedad occidentalizada,
tendiente hacia la animalización del
adversario, así de alguna manera quedan justificadas las peores atrocidades
cometidas por los proyectos pacificadores, en contra de grupos minoritarios.
En los procesos de Democratización
Latinoamericana, luego del fin formal de las dictaduras militares, lo que
parece evidente es la pervivencia de herencias desiguales del pasado, tras las
cuales sólo se pueden anticipar importantes obstáculos en el proceso, agravados
en toda la región por fuertes casos de corrupción, con el subsecuente
debilitamiento institucional. (Garretón, 1997)
La democratización no
sólo es un acto electoral, pues debiera vincularse a las prácticas de
resolución de conflictos, hasta el momento los sistemas políticos
institucionalizados no han mostrado capacidad para entender y afrontar los
problemas sociales, desigualdad y pobreza son realidades cotidianas para
grandes grupos humanos en la región, que viven en lo que los especialistas
denominan “pobreza extrema”, es decir, según la CEPAL 175 millones de personas
no pueden solventar sus necesidades de subsistencia básica, mientras que la
clase dominante permanece ajena al sentir y pensar de la ciudadanía en general.
Así que si se desea salir de esta espiral de descomposición, se requiere de
buena voluntad política para afrontar los problemas estructurales al tiempo que
se encuentren alternativas para modernizar las relaciones sociales.
Mientras no se enfrenten
las verdaderas causales de la desorganización participativa, la despolitización
generalizada, la adhesión a las pautas individualistas de las sociedades de
mercado, difícilmente podremos hablar de la consolidación de una democracia
útil, el fin de la protesta social y la superación de la crisis de
representación partidista en la que nos encontramos los latinoamericanos actualmente.
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Estado, golpes de estado y militarización en América Latina: una reflexión
histórico política. Argumentos, 23(64), 175-193.
[1]
Así lo expresa Irene Lungo al
referenciar el trabajo de Eugenia Fediakova “Conservadores e innovadores: La
derecha en la segunda mitad del siglo XX. En: Promesas de cambio. Izquierda y
derecha en el Chile contemporáneo. Editado por Flacso, Chile. 2003
